Hoy es el Día de la Independencia en Argentina. El país donde nací, donde me crié y di mis primeros pasos profesionales; la tierra que elijo para vivir y crecer junto a mi familia. Hace más de doscientos años declaramos nos emancipamos de la corona Española pero ¿qué significa eso ahora?
Hoy es el Día de la Independencia en Argentina. El país donde nací, donde me crié y di mis primeros pasos profesionales; la tierra que elijo para vivir y crecer junto a mi familia. Hace más de doscientos años declaramos nos emancipamos de la corona Española pero ¿qué significa eso ahora?
La idea original era que los argentinos reclamaran la autoridad exclusiva sobre su territorio y sus asuntos internos, sin injerencias externas. Aquella gesta buscó instalar el monopolio legítimo de la fuerza pública y la preeminencia del derecho, para ofrecer certidumbre y orden y así sentar las bases para ser dueños de nuestro destino. El instrumento ha sido el Estado Nación.
Esa autonomía nunca fue absoluta ni estática. Viene debilitándose desde hace tiempo con la globalización de los mercados, pero hoy, además, tropieza con una dimensión nueva: el aparato estatal encuentra límites prácticos para ejercer su autoridad en el ámbito virtual. Es decir, la principal amenaza ya no viene de soldados ingleses invadiendo el puerto, sino de empresas extranjeras que controlan nuestra infraestructura tecnológica, plataformas que dominan nuestros datos y nuestro debate público. Antes esa disputa se definía en lo territorial; hoy se libra, sobre todo, en el éter digital.
En mi último libro, Estado o algoritmo: poder digital, captura estatal y la reconstrucción del pacto democrático, sostengo que el nuevo orden tecnológico no solo vació de contenido a la democracia, sino que fue erosionando la estatalidad misma: la capacidad de nuestras instituciones para actuar en nuestro nombre, con legitimidad y eficacia. Autores como Cédric Durand y Yanis Varoufakis lo describen como un régimen tecnofeudal: un entramado donde el capital financiero y las grandes plataformas no sólo concentran riqueza, sino que capturan datos, rentas y subjetividades. En este marco, el Estado nación tiene cada vez menos margen para imponer regulaciones, impuestos u otras condiciones a las grandes corporaciones. La razón estructural es que los flujos financieros globalizados, las economías digitales, los datos alojados en la nube y las sociedades líquidas exceden el diseño nacional y territorial para el que fue pensado el modelo estadocéntrico. Este simplemente no tiene de dónde agarrarse para hacer cumplir su ley. No se puede regular lo que no se controla, y no se puede defender lo que no es propio. Así de sencillo.
Esto tampoco significa claudicar ni adoptar una mirada nostálgica del pasado por eso necesitamos repensar qué implica ejercer autogobierno y qué herramientas hace falta desarrollar para lograrlo.
El horizonte democrático no pasa por reconstruir el Estado nación, sino por construir el procomún: la organización del poder definida y gestionada por la propia sociedad, no por un puñado de corporaciones. Tampoco puede ser solo un proyecto nacional. Imponer condiciones a las grandes Big Tech, desarmar los engranajes financieros que les otorgan semejante influencia, cobrarles impuestos, proteger los derechos de las personas en sus plataformas globalizadas y crear infraestructuras públicas de control colectivo requieren, necesariamente, articulaciones desde el Sur Global.
Como ocurrió con la Declaración de la Independencia en 1816, primero hay que ponerlo en palabras para luego poder ir construyendo poco a poco. Por eso, ya sea recuperando la gobernanza sobre nuestros datos, levantando centros de datos con control social, o generando pensamiento crítico frente a la manipulación algorítmica, estamos juntando, ladrillo a ladrillo, los cimientos de una nueva independencia.